Control fiscal ambiental

Control fiscal ambiental

El control fiscal ambiental (CFA) es una herramienta de evaluación de la gestión de las entidades públicas, con el fin de proteger las inversiones en materia ambiental y evaluar las acciones encaminadas al mejoramiento del ambiente y, a su vez, que se dé un uso racional a los recursos naturales y al medio ambiente pertenecientes a toda la comunidad. El tema ambiental, como objeto de control dentro de las distintas entidades públicas, viene siendo evaluado en términos de inversión presupuestal año tras año, dejando a un lado la evaluación de la gestión ambiental, la cual no está limitada a meros aspectos económicos, sino que permite otro tipo de evaluación enmarcada en todos los principios del control fiscal, (eficiencia, eficacia, equidad y economía), siendo éste el marco de referencia para la realización de auditorías integrales llevadas a cabo por las entidades fiscalizadoras en sus diferentes niveles.

ELEMENTOS CONCEPTUALES PARA REALIZAR EL CONTROL FISCAL AMBIENTAL 

Para que las entidades fiscalizadoras puedan ejercer su función en control fiscal es necesario que conozcan las herramientas existentes en todo el mundo para la evaluación ambiental; de igual manera es necesario que dichas entidades sepan cómo aplicarlas, según los casos específicos de cada empresa o entidad pública del Estado. Así mismo, es primordial fundamentar el control fiscal ambiental en el marco legal sobre el cual se rija el sujeto de control y según las políticas adoptadas por Colombia en materia ambiental. También es importante referirse a metodologías 12 tales como indicadores ambientales y de valoración de costos ambientales, para fundamentar los criterios de evaluación de los proyectos, programas y demás actividades que realicen las entidades del Estado y que afectan positiva o negativamente el medio ambiente. A continuación se describen las principales herramientas de evaluación ambiental utilizadas en el mundo, como es el caso de las normas técnicas y los tratados internacionales ratificados por Colombia, y las aplicables en el ámbito nacional, como son la legislación ambiental y la valoración de costos e indicadores ambientales, que no se han adoptado de manera eficaz en Colombia, dado que su formulación se ha realizado solo para casos muy específicos, reduciendo su campo de acción.